La competencia, como bien a ser tutelado por el Estado, está relacionada con la eficiencia económica y con la protección del interés público, particularmente el de la ciudadanía consumidora, y en forma indirecta, con la garantía de los derechos de las empresas competidoras que puedan verse afectadas por la comisión de prácticas anticompetitivas (sean éstas tipificadas como abusos de posición dominante, acuerdos voluntarios entre empresarios u otras incluidas en la normativa).